El embargo de los activos de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, no se ha hecho efectivo a propósito de una serie de decisiones políticas y judiciales que se han acordado en los últimos años.

En 2019 el gobierno de Estados Unidos decidió usar su política de sanciones para proteger las propiedades de Pdvsa de reclamos de los acreedores. En octubre de ese año, la OFAC suspendió la Licencia General No. 5 que en 2018 había autorizado a los tenedores de los bonos Pdvsa 2020 a tomar el control de 50,1% de las acciones de Citgo dadas en garantía.

En el marco de la medida del gobierno de Estados Unidos, la Junta Ad Hoc de Pdvsa demandó la nulidad de los contratos de emisión y garantía de los bonos Pdvsa 2020, en un juicio que la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró sin lugar en 2020. Pero la decisión judicial fue apelada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y el 3 de julio de 2024 se logró una sentencia histórica favorable para Venezuela, lo que deja por fuera a los tenedores de los bonos Pdvsa 2020 de las demandas contra Citgo en el mediano plazo. No obstante, otros acreedores de deuda financiera y no financiera siguen impulsando el embargo de los activos de Citgo.

En diciembre de 2019, la OFAC interpretó que las sanciones impedían dictar y ejecutar medidas de embargo, lo que en la práctica impidió a la Corte de Delaware avanzar en el proceso de remate o venta judicial de las acciones de Citgo. No obstante, en 2023 la OFAC cambió de opinión y consideró que la Corte de Delaware sí podía avanzar en la venta de las acciones, al punto de autorizarla para emitir y ejecutar embargos. En caso de concretarse el embargo, probablemente, el monto recaudado por la venta de las acciones no alcance para compensar a todos los acreedores. 

La audiencia para decidir sobre la venta estaba pautada para el 15 de julio de 2024, pero fue diferida tentativamente hasta el 19 de septiembre de 2024. En la audiencia la Corte escuchará la recomendación del síndico procurador (special master) sobre cuál es la oferta más ventajosa, también escuchará las objeciones de las partes. La opinión es apelable por las partes de Venezuela y también por los acreedores, pues algunos no podrán cobrar, de tal manera que se estima que hasta 2025 se tendrá mayor certeza respecto al embargo de la refinería Citgo y cómo quedará el saldo de la deuda por laudos y de bonos.