El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), encargado de representar a Venezuela en el Fondo Conjunto Chino Venezolano y el Fondo Gran Volumen Largo Plazo, es una entidad a la que se le han dado grandes competencias en el manejo del endeudamiento público, pero sobre la que hay muy poca información oficial.
El Bandes fue creado en el año 2001 como un ente adscrito al ministerio de economía y finanzas y se le otorgaron las mismas prerrogativas, privilegios y exenciones que la ley confiere a la República. Además, de las competencias propias como una entidad de desarrollo.
El artículo 4 del Decreto-Ley de Reforma Parcial de La Ley del Bandes (2014) refiere que entre sus funciones se encuentran:
“1. Apoyar y financiar el desarrollo de las regiones del país (…)
Los numerales del artículo 4 citados evidencian las múltiples funciones del Bandes, como entidad de la República receptora de préstamos, (que solapa las competencias de la Oficina Nacional de Crédito Público), y como banco de inversión y financiamiento subnacional e internacional para la promoción del desarrollo económico y social, con un enfoque en infraestructura, salud, educación, agricultura, y otros sectores clave.
Para cumplir con sus objetivos, el Bandes está facultado para crear fondos especiales; constituir o participar en sociedades; apoyar en la negociación o renegociación de deuda con banca multilateral; solicitar y contratar financiamientos nacionales e internacionales; emitir bonos, previa aprobación de la autoridad del ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; realizar operaciones de cooperación y financiamiento internacional; entre otras.
Su principal ámbito de acción es América Latina ya que se conoce que tiene o ha tenido filiales u oficinas en Uruguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, mientras que ha financiado proyectos en países como Argentina, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Medios de comunicación han señalado además que tiene oficinas en Francia.
En Venezuela tiene o ha tenido acciones en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv); Banco Industrial de Venezuela, C.A. (ya liquidado); Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas Banco Universal C.A.; Siderúrgica Del Orinoco, (Sidor), C.A.; Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo, S.A. (Sogatur); Seneca Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta, C.A.; Sociedad de Capital de Riesgo-Venezuela, C.A.”SCR” y Banco de Comercio Exterior, C.A. (Bancoex).
El andamiaje legal que rige el Bandes, ajustado en varias ocasiones para brindarle un amplio margen de actuación sin obligaciones de rendir cuentas, ha condicionado la eficiencia, control y transparencia en la administración de los fondos. Además de las amplias funciones y potestades mencionadas, el Bandes se encuentra exceptuado de algunas normas que regulan el sistema de crédito público.
En el artículo 101 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, se establece que se exceptúan de lo dispuesto en el título III de esa ley, al Bandes y otras sociedades. Justo en ese apartado están consagradas las normas sobre los procedimientos y autorizaciones que rigen el crédito público. Esto implica que las operaciones de crédito del Bandes se realizan al margen del control parlamentario, únicamente bajo la supervisión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y, la Contraloría General de la República (CGR) que, desde hace años funciona sin autonomía y sin recursos financieros ni humanos suficientes para realizar una labor eficiente.
El Decreto – Ley del Bandes contempla de forma escueta la publicación de sus estados financieros cada seis meses, pero también tiene el capítulo VI dedicado a la seguridad y protección de la información en el que obliga a su personal a guardar secreto de las informaciones reservadas, confidenciales y clasificadas.
En la práctica, no hay “legalmente” acceso a la información sobre las operaciones de endeudamiento asumidas por Bandes ni su estatus actual; tampoco sobre los acuerdos de cooperación internacional; los proyectos financiados internamente y aquellos incluidos en los acuerdos internacionales. No se conoce de ningún informe de gestión o rendición de cuentas del Bandes, ni siquiera los funcionarios de estadísticas fiscales del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, podían tener acceso a esa información. Por supuesto esto es contrario a los principios democráticos, a los acuerdos internacionales y a las buenas prácticas de transparencia y gobierno abierto.
A pesar de la opacidad que ha rondado las operaciones del Bandes, para este especial se recopiló y sistematizó información publicada en el portal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, relativa a sentencias que acuerdan la extradición de exfuncionarios del Bandes por la presunta comisión de delitos de legitimación de capitales, estafa continuada, obtención fraudulenta de divisas y asociación para delinquir. Además, en la página del TSJ se encuentran publicadas sentencias en las que Bandes demanda el incumplimiento de contratos de financiamiento.
Por otro lado, se tiene documentado que el Bandes ha sido objeto de investigaciones penales fuera de Venezuela: Estados Unidos, Uruguay, Portugal, entre otros; y al menos tres máximas autoridades de la entidad han sido investigados por casos de corrupción: Alejandro José Andrade Cedeño, Simón Zerpa Delgado y Xabier Fernando León Anchustegui.
El 23 de mayo de 2024, la Sala Penal del TSJ acordó solicitar al Reino de España, la extradición de José Rubén Lovera Fouscall, por una investigación relacionada con un anticipo otorgado en 2018 por el Bandes, por la cantidad de USD 14.248.000, para la compra de 50 kilogramos de oro.
El 15 de noviembre de 2023, la Sala Penal del TSJ acordó solicitar a Panamá la extradición de Jesús Ricardo Álvarez Gualtieri, por una investigación sobre irregularidades en el manejo de los recursos desembolsados por el Bandes en el Contrato de financiamiento suscrito con Tuberías Rígidas de PVC, C.A., por la cantidad de Bs. 184.114.657 y USD 53.619.790, destinados a la construcción de inmuebles, de los cuales USD 50.106.204 se destinaron para la adquisición de maquinaria y equipos, y USD 3.513.593 para la adquisición de materia prima.
El 9 de febrero de 2015, la Sala Penal del TSJ acordó solicitar a Costa Rica la extradición de Dan Dojc Dojc, por una investigación relacionada con el desembolso irregular de fondos económicos, pertenecientes al Fondo Conjunto Chino- Venezolano y pagados por el Bandes a la empresa Bismark Consorcio Trading Corp., y a la empresa Kelora S.A. mediante convenio de financiamiento suscrito entre el Bandes y CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo S.A., para la ejecución del proyecto de adquisición de maquinarias, equipos, camiones agricultores y de construcción de cara a la puesta en marcha del plan Bienal, para la producción de alimentos 2011-2012.
En la web del TSJ también se encuentra una sentencia por el incumplimiento del contrato celebrado con la empresa Islacteos, C.A., para la Instalación y puesta en marcha de una empresa filial Uruguay-Venezuela para la producción de quesos’, en el marco de la administración del “Fondo Especial Para La Ofensiva Económica” que Bandes detenta.
Además, hay un demanda por resolución de contrato de préstamo Nro. CPI-005-12 y cobro de cantidades de dinero, contra la Cooperativa de Producción Pesquera Machalilla (constituida bajo las leyes de la República del Ecuador).
La justicia de Estados Unidos denunció en 2013 un esquema fraudulento que involucró a María de los Ángeles González de Hernández, exgerente ejecutiva de Finanzas del Bandes. De acuerdo con la acusación, desde finales de 2008 y hasta 2012, exdirectivos de una casa de bolsa con oficinas en Miami, pagaron sobornos a González a cambio de conseguir negocios con el Bandes que generaron más de USD 60.000.000 en comisiones.
En 2019 diputados de Uruguay presentaron una denuncia penal para que la justicia de Crimen Organizado investigara supuestos aumentos de depósitos en la filial del Bandes en ese país. Según registros del Banco Central, en el año 2018 se duplicó la cantidad de esos depósitos. La investigación busca determinar si el dinero era para “una gran operación de lavado de activos”.
Una publicación del medio El Observador de Portugal, asegura que el expresidente del Banco Espirito Santo (BES), Ricardo Salgado, pagó sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de conseguir negocios para sus entidades. Según una decisión del Tribunal de Apelación de Lisboa, citada por el diario Correio da Manhã, Salgado ideó un plan para buscar a altos funcionarios venezolanos con poder de decisión en empresas estatales como Pdvsa y sus filiales, Carbozulia, Corpoelec, y clientes involucrados con el sector financiero público venezolano, como Bandes, Fonden y Banco del Tesoro, para que depositaran los fondos de las estatales en los bancos del Grupo Espírito Santo.
Alejandro José Andrade Cedeño. Entre 2007 y 2008, ocupó tres cargos, algunos en simultáneo. Fue designado al frente de la Tesorería Nacional mientras se desempeñó como presidente del Bandes y como viceministro de Gestión Financiera (adscrito al entonces Ministerio de Planificación y Finanzas). Como tesorero de la Nación participó en un esquema de sobornos por más de USD 1.000 millones, según el mismo confesó ante la justicia de Estados Unidos. Por estos hechos fue sentenciado en 2018 a 10 años de cárcel. Pero tras conseguir una rebaja de 65% de su pena, logró salir en libertad en febrero de 2022.
Simón Zerpa Delgado. Entre 2013 y 2023 ocupó por lo menos nueve cargos, varios de ellos relacionados con el manejo de fondos públicos. Fue presidente del Bandes entre 2014-2023; viceministro de Inversión para el Desarrollo del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública (2014); presidente del Fondo para el Desarrollo Nacional, Fonden (2014-2020); gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2016-2017); vicepresidente de Finanzas de Pdvsa (2017-2018); ministro de Economía y Finanzas (2017-2020); director externo de Pdvsa (2018-2020); y presidente del Banco Bicentenario (2020-2023). En 2017, Estados Unidos lo incluyó en la lista de sancionados por estar vinculado con hechos de corrupción en el país. En los dos años siguientes, Panamá y Canadá también ejercieron medidas en su contra por colaborar con el gobierno de Nicolás Maduro. En 2024, el Ministerio Público de Venezuela lo imputó y se ordenó su detención por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como Pdvsa cripto, que implicó el desvío de un estimado de USD 16.960 millones de dólares de recursos públicos venezolanos.
Xabier Fernando León Anchustegui. Entre 2014 y 2022 ocupó por lo menos 19 cargos. Entre ellos, fue designado vicepresidente ejecutivo del Bandes (2014 y 2017); presidente del Bandes Uruguay (2017); y director suplente del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden (2017). En 2024, medios de comunicación difundieron que el Ministerio Público de Venezuela también lo imputó y se ordenó su detención por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como Pdvsa-cripto.