La deuda financiera se define como aquella adquirida mediante bonos u otros títulos de deuda, garantizada o no garantizada, que se emiten e intercambian ampliamente en los principales mercados financieros con un elevado grado de liquidez a su correspondiente valor de mercado.

Al cierre de 2023, la deuda financiera de Venezuela representó el 56% de la deuda total al ubicarse en USD 90.200 millones, de los cuáles USD 58.523 millones (65%) corresponden a pagos de capital y los restantes USD 31.368 millones (35%) corresponden a intereses. 

En Venezuela la deuda financiera está compuesta por los bonos emitidos por la República y las compañías estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Electricidad de Caracas (Elecar) entre 1997 y 2016. A los títulos colocados por el gobierno central se les conoce como bonos soberanos, mientras que a los emitidos por los entes descentralizados no financieros se les conoce como bonos cuasi soberanos.

El default selectivo

La situación de la deuda financiera en Venezuela tomó un giro importante a finales de 2017, cuando el país vivía una de las más grandes crisis políticas, económicas y sociales de la historia reciente.

A inicios de ese año se registraron decenas de protestas antigubernamentales luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociera a la Asamblea Nacional en lo que fue catalogado como una ruptura del orden constitucional. El país vivía su cuarto año de contracción económica y el segundo de hiperinflación en un contexto de desabastecimiento y corrupción generalizado. El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, ya había manifestado su preocupación por la “crisis humanitaria en Venezuela”, donde las necesidades básicas no podían ser cubiertas.

En rechazo a la represión de las protestas antigubernamentales y a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro, en agosto de 2017 el gobierno de Estados Unidos impuso las primeras sanciones financieras contra Venezuela. La medida firmada por Donald Trump prohibió las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno venezolano y de Pdvsa. También impidió la negociación de ciertos bonos que estaban en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos.

Para ese momento, sin embargo, Venezuela ya había perdido el acceso a los mercados financieros, como resultado del sobreendeudamiento, el colapso económico y la crisis institucional. Por lo tanto, esas sanciones no tuvieron efecto directo limitando la capacidad de emisión de nueva deuda financiera.

Fue así cómo el día 2 de noviembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció la intención de reestructurar la deuda externa en bonos de Venezuela. Sin embargo, el día 14 de ese mismo mes el país fue oficialmente declarado en cesación de pago o default selectivo por las agencias de riesgo crediticio, tras expirar el período de gracia para el pago de los cupones de los bonos soberanos 2019 y 2024. Con esta declaratoria, empezó una larga sucesión de moratorias de pago que afectó a cada uno de los bonos emitidos por la República o por las empresas estatales pendientes de pago en aquel momento. Sin embargo, antes de declarar la moratoria de la deuda, se ordenó el pago de USD 1.121 dólares en bonos de Pdvsa que vencían en 2017, y que no lograron ser canjeados en el canje realizado en 2016.

En 2023 Venezuela tenía 24 bonos pendientes de pago. Del total, 14 títulos fueron colocados por la República, 9 por Pdvsa y 1 por Elecar.

El único bono que se siguió pagando después de noviembre de 2017 fue el Pdvsa 2020 que emitió el gobierno de Nicolás Maduro en una cuestionada operación en octubre de 2016, que fue desconocida por la Asamblea Nacional. La OFAC mantuvo una licencia específica para este título que permitió su pago por la garantía que tiene sobre el 50,1% de las acciones de Citgo, una de las refinerías más importantes de Estados Unidos y el activo material externo más valioso de Pdvsa.

La licencia de la OFAC sobre el bono Pdvsa 2020 permitió que este se siguiera pagando incluso durante la gestión del llamado gobierno interino de Juan Guaidó que inició en febrero de 2019. El bono se dejó de pagar por primera vez en octubre de 2019 por falta de liquidez de Venezuela y la disputa anunciada por figuras de la administración interina sobre la legitimidad de la polémica emisión.

Considerando el monto pendiente de pago actual, los bonos de la República cuentan con una tasa de interés ponderada de aproximadamente 9,69%; los de Pdvsa; 7,49%; y el bono de Elecar, 8,5%. 

El cálculo de los intereses adeudados a diciembre de 2023 se realizó tomando en cuenta una consideración importante: según los contratos legales de los títulos soberanos y cuasi soberanos, los bonos pagan cupones semestralmente, con base en la tasa de interés anual que establece cada contrato, hasta el momento en que el capital sea pagado. Cada título tiene una fecha de vencimiento en la que el capital debe ser pagado; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en los contratos, en caso de que el capital no sea pagado en la fecha de vencimiento, cada bono debe seguir pagando cupones hasta el momento en el que el capital sea reembolsado en su totalidad o la deuda sea reestructurada. De esta manera, aun cuando la fecha de vencimiento de un bono haya pasado, los pagos de cupones se siguen acumulando cada semestre. 

A diciembre de 2023, un total de 11 bonos (6 de Venezuela, 4 de Pdvsa y el bono de Elecar) ya se habían vencido. A esos se suman otros dos bonos soberanos, que se vencían originalmente en 2025 y 2034, pero que fueron acelerados. La aceleración de un bono ocurre cuando los tenedores de al menos 25% del total del título emitido acuerdan solicitar el pago inmediato del total adeudado antes de la fecha de vencimiento. Al solicitarse la aceleración, la fecha de solicitud se convierte en la nueva fecha de vencimiento del bono; en el caso del título VENZ 2025, la aceleración fue solicitada en febrero de 2021, mientras que el VENZ 2034 fue acelerado en diciembre de 2018. Con esto, un total de 13 bonos pueden considerarse “vencidos”, pendientes de pago.

Los restantes 11 bonos no se han vencido aún. 6 títulos de la República se vencen entre 2024 y 2038 y 5 títulos de Pdvsa se vencen entre 2024 y 2037.