La deuda no financiera de Venezuela ronda los USD 71.170 millones o 44% del total. Dentro de esta clasificación se incluyen las deudas adquiridas con bancos multilaterales; con otros países a partir de acuerdos bilaterales; así como con compañías multinacionales que operaban en Venezuela, pero cuyos activos fueron expropiados o confiscados y terminaron demandando en cortes internacionales.

La deuda no financiera incluye los compromisos de la estatal Pdvsa con socios de las empresas mixtas (Chevron, Eni, Repsol, Cyprus Limited y otros) por el incumplimiento de los contratos conjuntos; así como la deuda bilateral con países que integran el Club de París, instancia de discusión entre acreedores oficiales conformada por 22 países que buscan soluciones coordinadas y sostenibles para naciones con problemas de pago.

Entre los acreedores de la deuda no financiera destaca China. Con este país se adquirieron importantes compromisos en el marco de acuerdos bilaterales que se intensificaron luego de la creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela – China, al margen de la Oficina Nacional de Crédito Público y en su mayoría acordada para ser reembolsada con envíos de petróleo.

Deuda por laudos arbitrales internacionales ratificados en el sistema de justicia de Estados Unidos

Para la estimación de la deuda no financiera relacionada con los laudos arbitrales se analizó la información de las tres fuentes más importantes en la materia: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, la Corte Internacional de Arbitrajes (ICA, por sus siglas en inglés) de la Cámara Internacional de Comercio, y la Corte Permanente de Arbitrajes (PCA, también por sus siglas en inglés).

En el Ciadi se han presentado 55 casos contra Venezuela, 39 de ellos concluyeron y los otros 16 aún esperan por resolución. De los procesos que ya cerraron, 14 demandantes consiguieron decisiones a su favor; un caso emblemático es el de la petrolera estadounidense Conoco-Phillips que tiene 3 fallos a su favor.

En la ICA se identificaron 6 casos con fallos favorables para los demandantes, no fue posible conocer si tienen otras demandas en proceso de decisión. En la PCA se han presentado 7 casos, de los cuales 3 ya fueron decididos, 2 de ellos a favor de los demandantes. Los otros 4 esperan por decisión.

En suma, 22 casos y 19 demandantes han conseguido decisiones a su favor en las instancias internacionales; de estos casos, 1 tuvo decisión tanto de PCA como de Ciadi: Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A, y 2 tuvieron decisión tanto de ICA como de Ciadi: Conoco-Phillips y OI European Group.

Cabe resaltar que, luego de la declaración de cesación de pago o default selectivo en noviembre de 2017, diversos acreedores de la República y de Pdvsa, entre ellos los demandantes en instancias de arbitraje, solicitaron medidas de embargo en contra de las acciones de PDV Holding, Inc, propiedad de Pdvsa. PDV Holding es tenedora de acciones de Citgo Holding, Inc., que a su vez posee Citgo Petroleum Corporation, una de las refinerías más importantes de Estados Unidos y el activo externo más valioso de Pdvsa. Las medidas de embargo se solicitaron ante la Corte del Distrito de Delaware, juzgado que ya falló a favor de los 18 demandantes en las instancias de arbitraje internacional.

Existen diferencias en los casos decididos por algunas de estas tres instancias y los montos de deuda aprobados para embargo en el caso de aquellas empresas o inversionistas que entraron en el Juzgado del Tercer Circuito para la liquidación de Citgo. Los montos acordados por el tribunal donde se otorga la sentencia final de decisión judicial para el embargo o cobro forzoso de las acreencias se toman como los definitivos.

Por lo general, las decisiones de los tribunales incrementan los montos de las demandas, ya que se incluyen desde las costas procesales adicionales para los trámites del tribunal hasta las sentencias de cobro judicial o embargos, más otros intereses de mora causados por el tiempo que tarde la emisión definitiva de las sentencias judiciales desde el momento que se inicia el proceso en el tribunal correspondiente. Las instancias de resolución de los laudos arbitrales también calculan y determinan las costas procesales incurridas por los inversionistas demandantes y los intereses de mora desde que se produjo la afectación patrimonial de los demandantes, hasta la resolución del respectivo laudo. En otras palabras, se ocasionan dos montos de costas procesales y dos períodos y criterios diferentes para el cálculo, en cada instancia, de intereses de mora. No obstante, los jueces pueden alterar esos montos en el cálculo de la sentencia definitiva de embargo.

El siguiente gráfico muestra el saldo de deuda a diciembre de 2023 originada por procesos arbitrales decididos, cuyos montos ya fueron aprobados por el juzgado del Tercer Circuito de Delaware, salvo el caso de Venezuela US S.R.L.

Deuda con socios de Pdvsa en empresas mixtas

La deuda comercial más alta de Venezuela es con empresas mixtas, a las que se les debían al menos USD 10.931 millones al cierre de 2023. Se trata principalmente de las cuentas pendientes por pagar de Pdvsa con los socios B extranjeros en las empresas petroleras de Joint Venture que operan en el país, fundamentalmente Chevron, Eni y Repsol.

Esta deuda se amplió especialmente desde 2020 por la limitación de los socios B de realizar operaciones con Pdvsa o sus filiales para cobrar compromisos pendientes, a propósito de las sanciones estadounidenses. Pero con la llegada de la administración de Joe Biden se suavizó la política de máxima presión con Venezuela, lo que permitió moldear una solución en la que el gobierno venezolano también tiene incentivos para participar, más allá de solo disminuir el pasivo con swaps de petróleo por deuda que no eran beneficiosos para el flujo de caja de la administración de Maduro.

El caso más conocido es el de la petrolera estadounidense Chevron, que con una licencia de la OFAC, reinició la producción de petróleo en Venezuela con el propósito de cobrar su deuda obteniendo beneficios netos con una distribución distinta: el 60% se destina conforme a la composición accionaria de cada empresa mixta, y un 40% va directamente a subsanar la deuda de Pdvsa con el socio B. Es a través de estas negociaciones que ocurre una reducción de deuda importante.

De acuerdo con los datos obtenidos de fuentes directas, de la deuda con empresas mixtas el 39,5% pertenece a Chevron, 18,1% a Eni, 17,6% a Repsol y 24,8% a otros socios. El saldo de los otros socios B de Pdvsa, que implicaría unos USD 2.711 millones, podría tener una participación importante de empresas mixtas rusas a las que se les deben unos USD 1.500 millones, según fuentes de estas empresas. Sin embargo, esta última información no ha podido ser confirmada de forma independiente.

Deuda con contratistas y proveedores de Pdvsa

Hay cuatro grandes contratistas de servicios de pozos petroleros a los que Pdvsa adeuda dinero: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford International. En conjunto, estos acreedores tienen pagos pendientes por cobrar que ascienden a USD 3.500 millones aproximadamente.

Otro grupo de contratistas y proveedores fue identificado por las demandas que han ejercido en cortes de Estados Unidos, distintos de los casos mencionados en el apartado de deuda financiera y de deuda por laudos, se trata de unos 14 acreedores entre los que destacan: G&A Strategic Investments I LLC et al, Girard Street Investment Holdings LLC; Red Tree Investments, LLC, entre otros. El monto de compromisos con estos últimos acreedores está alrededor de USD 2.300 millones.

Identificar estas deudas ha sido una de las tareas más complejas dado que no hay nada de transparencia al respecto, en especial por la falta de auditorías confiables desde que Pdvsa dejó de publicar sus estados financieros en 2016.

Asimismo, hay que mencionar que el incumplimiento de contratos con proveedores dio lugar a una práctica poco transparente de Pdvsa, consistente en pagar esa deuda con pagarés, que fueron en todo caso incumplidos. Los contratistas, en algunos casos, han cedido esos pagarés a terceros a descuento, y algunos de esos terceros han demandado a Pdvsa por el pago íntegro de los pagarés.

Deuda con bancos multilaterales

A partir del año 2005 el gobierno de Venezuela desplazó a los bancos multilaterales como fuentes de financiamiento por bancos de China, el gobierno de Rusia e integrantes del Club de París. Esto explica que al cierre de 2023 Venezuela no tenga compromisos conocidos con el Banco Mundial ni con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el país sí mantiene una deuda con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Deuda bilateral con países que integran el Club de París

El Club de París es un grupo informal de acreedores oficiales integrado por 22 países que se conformó en 1956 luego de que Argentina se reuniera en París con sus acreedores para negociar su deuda. Desde entonces, en este foro se han logrado 479 acuerdos de reestructuración de 102 países. El Club de París procura soluciones coordinadas y sostenibles para los países que enfrentan dificultades de pago a los acreedores miembros.

El informe anual 2023 del Club de París, publicado el 1 de julio de 2024, incorpora las reclamaciones pendientes a diversos países tanto por Asistencia para el Desarrollo Oficial (ODA por sus siglas en inglés) como por Asistencia para el Desarrollo No Oficial (Noda), sin incluir los intereses de mora hasta diciembre de 2023.

Los compromisos de Venezuela con el Club de Paris son USD 8.590 millones.

Se estima que de esta deuda bilateral se le deben al Banco de Desarrollo de Brasil al menos USD 1.268 millones. No fue posible conocer la deuda con otros acreedores.

Deuda del Banco Central de Venezuela con el Fondo Latinoamericano de Reserva

En la página del Banco Central de Venezuela aparece una deuda tipificada como deuda por créditos bancarios y otros préstamos, pero se conoció que el acreedor es el Fondo Latinoamericano de Reserva ‬(FLAR).

El FLAR es un Acuerdo Financiero Regional (AFR) creado en 1978 (originalmente Fondo Andino de Reservas -FAR-), en respuesta a la necesidad de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela de contar con una institución financiera propia, que permitiera afrontar los problemas derivados de los desequilibrios del sector externo de sus economías y facilitara el proceso de integración regional. Se constituyó en el segundo Acuerdo Financiero Regional del mundo.