Otro elemento clave para comprender la situación de la deuda financiera de Venezuela es la composición de los tenedores de los bonos de la República y las empresas estatales. En este particular, la información pública es escasa y lo que se encuentra disponible proviene de la data reportada en Estados Unidos por la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro.

Los inversionistas que viven en los Estados Unidos deben reportar sus posiciones (valoradas a precio de mercado) en títulos de emisores soberanos y corporativos extranjeros cada mes. Las Tablas No. 6 y No. 7 resumen los principales tenedores de bonos de la República de Venezuela y Pdvsa con el consolidado de las posiciones que reportaron más recientemente a los reguladores estadounidenses. Al analizar esta data, apenas se puede identificar un total de posiciones que alcanza 19,39% del capital circulante para los bonos venezolanos y 17,82% en el caso de los bonos de Pdvsa, cifras que distan de ser representativas para la deuda venezolana.

Volviendo un poco a la historia, al momento de imponer restricciones a la comercialización de los bonos venezolanos en territorio americano, la OFAC de los Estados Unidos emitió la Licencia General No. 3 que autorizaba a los inversionistas americanos o a aquellos que operaban dentro del territorio estadounidense a transferir sus posiciones sin estar expuestos a sanciones por un período de tiempo que se extendió hasta febrero de 2019.

Con esta decisión, un porcentaje incierto de tenedores institucionales americanos vendieron o transfirieron sus bonos a inversionistas fuera de los Estados Unidos. En principio, Europa fue un destino predilecto, pero el endurecimiento de las sanciones y de las políticas de cumplimiento en múltiples países conllevó a que inversionistas de otras jurisdicciones menos transparentes, como Turquía, Rusia, China o Medio Oriente, fueran los beneficiados. Aparte de los inversionistas institucionales, aquellos individuos o entidades de origen venezolano que fueron incluidos en la lista de la OFAC se vieron obligados también a retirar sus posiciones en fondos estadounidenses y europeos. En última instancia, el resultado fue el deterioro progresivo de la data disponible de tenedores de deuda venezolana, reduciéndose a menos de la mitad el porcentaje reportado por los fondos previo a las sanciones financieras de 2017.

Hay diversas razones que ayudan a comprender por qué no hay más información pública sobre los tenedores de más de 80% de la deuda venezolana. En primer lugar, las regulaciones en Europa con respecto a los títulos de emisores soberanos y corporativos extranjeros son más laxas y no conllevan un reporte detallado de las posiciones de cada inversionista, incluso en Estados Unidos la posesión de título de deuda soberanos y los hedge funds tampoco están obligados a publicar. Dado que los bonos venezolanos en general presentaron tasas de rendimiento bastante atractivas para el mercado por muchos años, resulta probable que un porcentaje (incierto) de las emisiones fuera adquirido por inversionistas europeos; aun así, se estima que más de 60% de los bonos venezolanos estaba en posesión de inversionistas estadounidenses hasta el año 2017. Sin embarg como se explicó, la imposición de sanciones financieras para los títulos de deuda venezolana establecidas por Estados Unidos en 2017 jugó un papel importante para la migración de las posiciones de inversionistas norteamericanos hacia otros destinos.

De hecho, en medio de la flexibilización parcial de sanciones al gobierno venezolano los últimos dos años, en la administración de Joe Biden ha ganado peso la idea de que el regreso de las sanciones para Venezuela sea en otras condiciones. Es muy baja la probabilidad de que vuelvan a aplicarse al mercado secundario de bonos venezolanos y que se prohíba a ciudadanos estadounidenses comercializar bonos de deuda de este país. La razón es que haber mantenido esta medida por siete años lo que hizo fue desplazar inversores tradicionales de Venezuela, por nuevos inversores más opacos o estrechamente vinculados a Rusia¹.

La política de imponer sanciones financieras no ha sido exclusiva para Venezuela, Estados Unidos ha intensificado el uso de sanciones financieras en las últimas dos décadas. Y la respuesta ha sido similar, países como Rusia, Irán y Corea del Norte se han vuelto cada vez más expertos en mover efectivo y bienes a través de sus fronteras. Incluso, las prohibiciones de compra de deuda, que también se han impuesto a Rusia y Bielorrusia, dan a los compradores extranjeros la oportunidad de obtener ganancias y potencialmente influir en las reestructuraciones de deuda, al tiempo que dificultan el seguimiento de las transacciones para las instituciones americanas.

Según una reciente nota del diario Wall Street Journal², los fondos estadounidenses que mantienen posiciones de la deuda venezolana, dieron a funcionarios del Departamento de Estado registros de transacciones de miles de millones de dólares en compras de bonos venezolanos por parte de inversionistas de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Chipre, todos destinos bien conocidos para el dinero ruso y que mostraron un comportamiento muy similar hacia la deuda de ese país una vez fueron impuestas las sanciones tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

De ser esto cierto, Venezuela podría llegar a acuerdos de ventas de activos con Rusia, en condiciones de alta opacidad, como intercambio de la deuda que posee, privilegiándolos sobre el resto de bonistas, lo que iría en detrimento de los intereses de EE.UU. Este contexto de mantener tenedores de bonos muy opacos, además de los altos costos legales y la baja capacidad de pago de Venezuela con los activos en el exterior, llevan a la conclusión de lo muy complejo que sería aplicar incluso las cláusulas de aceleración -para las que se requiere al menos 25% de los tenedores de bonos- que aún no han llegado a vencimiento de capital, y que encarecería significativamente para Venezuela una eventual reestructuración.

Aunque no se tienen datos respecto a las dimensiones del circulante de bonos venezolanos en jurisdicciones menos transparentes, esta situación también refuerza la hipótesis de que demandas en cortes americanas por el 100% del capital adeudado son mucho más improbables. Los tenedores en estos destinos buscan mantener estructuras de inversión más opacas o de “bajo perfil” y prefieren ejercer su poder de negociación en reestructuraciones privadas, todo lo contrario a juicios públicos.

Pese a lo anterior, es importante resaltar que algunos acreedores con actitudes más agresivas en los procesos de reestructuración de deuda soberana, pueden utilizar las sentencias ya emitidas para negociar desde una posición de fuerza, utilizando esas sentencias para aislar financieramente a los países del sistema financiero internacional, imposibilitándolos de realizar transacciones financieras internacionales de manera regular, como ocurrió con Argentina a raíz de la decisión del juez Thomas Griesa en 2014. Esta situación se prolongó hasta 2016, cuando el tema de los holdouts (bonistas disidentes que no entraron en los acuerdos de reestructuración de 2005) se resolvió. En otras palabras, aun siendo minoría, esos bonistas que han acudido a los tribunales pueden convertirse en un obstáculo importante en el futuro al momento en que Venezuela intente reestructurar su deuda externa.

En todo caso, los litigios de deuda suponen una oportunidad para brindar más transparencia, en el sentido que la República o Pdvsa puede acordar con los tenedores el reconocimiento de la demanda, pero una vez verificado quién es el benficiario financial, en especial, para asegurar que no se esté violando ninguna restricción derivada del programa de sanciones personales.

En general, más allá de la especulación de quiénes puedan estar detrás de fondos provenientes de destinos cercanos a Rusia, e incluso vínculos con estructuras asociadas a la administración de Nicolás Maduro a través de fondos basados en Suiza con altos niveles de confidencialidad -un elemento del que hay poca capacidad de validación, pero que se ha comentado en el pasado-, la realidad es que las posiciones de la deuda parecen estar bastante diversificadas por la participación incluso de algunos fondos de pensiones o fondos mutuales europeos que tienen pequeñas porciones de inversión en la deuda venezolana vencida, y de la que hay poca influencia de inversionistas individuales.