El endeudamiento es un instrumento de gran utilidad para el crecimiento de las familias y los países. Así como en los hogares se recurre al crédito para hacer compras importantes que son difíciles de pagar de contado, de igual manera, los Estados emiten deuda para cubrir proyectos relevantes que no pueden ser financiados solo con ingresos corrientes. Los problemas surgen cuando esas deudas se gestionan de manera irresponsable, se pide más dinero del que se puede pagar a largo plazo, se oculta información clave, se malversan o roban los fondos y se originan las crisis.

En Venezuela, durante las últimas dos décadas, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desatendieron todos los controles previstos en la Constitución y las leyes y alcanzaron un nivel de deuda sin precedentes en un contexto de gran corrupción que hizo insostenible la situación; condujo a una emergencia humanitaria compleja que empujó a casi 8 millones de venezolanos a salir del país; y ha terminado condicionando la posibilidad de un desarrollo económico inclusivo.

Aunque las consecuencias saltan a la vista, el análisis de lo vivido con la deuda pública externa resulta una tarea compleja. El secretismo oficial dificulta conocer con exactitud la magnitud del endeudamiento, la identidad real de los acreedores, el destino final que se le dio a los fondos recibidos o propuestas para salir del problema. Sin embargo, Transparencia Venezuela junto a un equipo de reconocidos profesionales analizó la deuda externa venezolana y desarrolló propuestas para ir a un buen proceso de renegociación, eficiente, con perspectiva de derechos humanos y criterios de transparencia, entendiendo que sin esta buena negociación no se podrá garantizar un crecimiento económico que detenga la emergencia humanitaria y con ello la crisis migratoria.

Una aproximación al tamaño de la deuda

Este especial Saldar la deuda, salvar Venezuela incluye un recuento de la historia de la deuda externa de Venezuela para luego presentar una aproximación al tamaño actual del endeudamiento. A partir de la sistematización y el análisis de estadísticas de fuentes nacionales como el Banco Central de Venezuela; la consulta a los reportes financieros publicados por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo; la información de los centros de arbitraje y el rastreo de demandas por incumplimiento de pagos ante cortes extranjeras; entre otros, se determinó que al cierre de 2023 la deuda externa de Venezuela se ubicó en 161.371.173.132 dólares estadounidenses (USD 161.731 millones), lo que equivale a que cada venezolano debe USD 5.596 dólares o 43 veces el salario mínimo integral de USD 130.

Este especial no pretende imponer una cifra única y exacta de la deuda pública externa de Venezuela, dadas las limitaciones para acceder a la información oficial completa. No obstante, el monto al que se llegó a partir de los datos disponibles y estimaciones propias sirve para comprender la insostenibilidad de los compromisos y la magnitud del problema. El monto de la deuda externa de Venezuela al cierre de 2023 es equivalente a 166% del tamaño total de la economía venezolana en ese mismo año, que se ubicó en USD 97.116 millones, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El monto de la deuda pública externa de Venezuela también es cuatro veces más grande que la cantidad de dinero que se requiere para el primer año de ejecución de un plan de recuperación de la economía nacional, desarrollado por la firma Ecoanalítica y el BID en 2021. Para cubrir las necesidades más inmediatas del país, por un año, en los sectores salud, agroalimentario, educación, electricidad, infraestructura, agua, ambiente, telecomunicaciones, hidrocarburos, seguridad ciudadana y dar ayudas a poblaciones vulnerable a través de transferencias directas se demandan alrededor de USD 39.325 millones.

Toda esta descomunal deuda se contrajo antes de 2017, es decir antes de la primera sanción internacional. China otorgó el último préstamo significativo en 2016 y después de 2017 Rusia solo participó en proyectos petroleros y de defensa.

Clasificación de la deuda externa

En este especial también se identificó que la mayoría de la deuda pública de Venezuela entra dentro de la categoría de deuda financiera porque se desprende de los bonos emitidos por la República y las empresas estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Electricidad de Caracas (Elecar). La deuda financiera asciende al menos a USD 90.200 millones de dólares o 56% del monto total.

Por otro lado, la deuda no financiera de Venezuela ronda los USD 71.170 millones o 44% del total, pero su identificación y análisis resulta más complejo. Dentro de esta clasificación se incluyen las deudas adquiridas con bancos multilaterales; con otros países a partir de acuerdos bilaterales; así como con compañías multinacionales que operaban en Venezuela, pero cuyos activos fueron expropiados o confiscados y terminaron demandando en cortes internacionales.

La opacidad en el manejo de las finanzas públicas, aunada al dinamismo de los mercados internacionales en un contexto de sanciones a Venezuela, dificulta la identificación de todos los acreedores de la deuda venezolana, en particular de los tenedores de deuda financiera. No obstante, en este especial se presenta una lista de los principales tenedores de bonos de la República y de Pdvsa, y se profundiza en las consecuencias que tiene para el país el incumplimiento de estos compromisos. Asimismo, se describe la situación de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos que está en riesgo de ser embargada por demandas de deuda financiera y no financiera.

En el microsite se abordan las relaciones con China, país que se ubica como el principal acreedor de la deuda no financiera de Venezuela, con alrededor de USD 15.600 millones pendientes de pago; y se profundiza en el rol del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), el ente encargado de representar a Venezuela en los dos grandes fondos establecidos con el país asiático: el Fondo Gran Volumen Largo Plazo (Fgvlp) y el Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV).

El impacto humanitario de la deuda

Saldar la deuda, Salvar Venezuela incluye un amplio análisis del impacto que ha tenido el manejo irresponsable de la deuda externa de Venezuela en la garantía de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mostrando como una necesidad la atención profesional e íntegra de la reestructuración de la deuda.

En 2004 el gobierno de Hugo Chávez comenzó a endeudarse de manera acelerada, obviando las regulaciones que establecen claramente cuáles son los motivos por los cuales se puede emitir deuda y prevenir la arbitrariedad en su manejo, es decir, los controles que promueven la sostenibilidad de la deuda.

El numeral 24 del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, establece que el endeudamiento solo puede llevarse a cabo para financiar inversiones reproductivas, es decir, gasto público destinado a crear o incrementar los activos reales y financieros, el patrimonio nacional, el acervo de bienes de capital, obras de infraestructura, su conservación y mantenimiento, la adquisición de bienes y sus servicios, la capacidad productiva y tecnológica, la formación de capital humano, el bienestar y la seguridad social, el fortalecimiento institucional y la formación de capital público y social. Sin embargo, en las últimas dos décadas el gobierno no cumplió con esta ley.

El endeudamiento público no se orientó por los principios centrados en derechos humanos, esto es, que se promovió un endeudamiento insostenible violatorio del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Los recursos derivados del endeudamiento no se invirtieron productivamente, no se construyeron las grandes obras prometidas como los seis hospitales especializados, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, el Metro de Guarenas-Guatire a Caracas y cientos de obras más. Los recursos se desviaron a los bolsillos de muchos funcionarios lo que ha hecho que Venezuela sea percibida como uno de los dos países con más corrupción en el mundo, favoreciendo el surgimiento de una cleptocracia nacional.

En 2014, cuando la economía venezolana cayó abruptamente luego del desplome de los precios del petróleo, el gobierno de Venezuela omitió restructurar la deuda pública, esto es, se negó a negociar para aliviar el peso de la deuda y, por el contrario, optó por contraer el gasto público social, acelerando la emergencia humanitaria compleja que propició la migración de más de 8 millones de venezolanos, el segundo desplazamiento más grande del mundo. En otras palabras, el gobierno de Venezuela incumplió su obligación de adoptar medidas oportunas, eficaces y preventivas para asegurar todos los derechos humanos durante las crisis económicas y financieras, de acuerdo con los principios de las reformas económicas enumerados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, se hicieron nuevas emisiones de deuda, incrementando el problema.

En 2017 el gobierno dejó de pagar la deuda a algunos de los acreedores y entró en una crisis que aún hoy se mantiene, que está condicionando la posibilidad de superar la emergencia humanitaria y además pone en riesgo los activos más importantes de Venezuela en el exterior. Pese a que las inversiones no fueron reproductivas y la deuda no se tradujo en beneficios para la población, actualmente los venezolanos igual deben pagar USD 161.371 millones de dólares. Monto que crece cada año por los intereses.

Criterios para una buena reestructuración

Este trabajo presenta además un conjunto de criterios básicos que se deben tomar en cuenta para procurar que ese proceso de reestructuración arroje resultados sostenibles en el tiempo (en términos fiscales y de balanza de pagos) y además permita el crecimiento económico de Venezuela. Las propuestas se desarrollaron con base en el conocimiento acumulado de estrategias y procesos internacionales, los intereses de Venezuela, las oportunidades del mercado financiero y productivo global, así como los organismos claves a considerar como posibles aliados. 

En este micrositio también consultar un inventario inédito de las demandas que se han interpuesto en cortes de Estados Unidos relacionadas con deudas y otras reclamaciones a Venezuela. Además de descargar el informe completo Saldar la deuda, Salvar Venezuela.